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Las víctimas de la estafa inmobiliaria conocida como “OPERACIÓN NIDO” denunciaron que Eduardo Rivera Pichardo jugó un rol fundamental en el manejo de cuentas involucradas en el presunto fraude, y afirman que el Ministerio Público cuenta con evidencia sólida que vincula a Rivera Pichardo con las actividades fraudulentas.
Santo Domingo, República Dominicana. La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, concedió libertad condicional a Eduardo Rivera Pichardo, hijo del investigado Enmanuel Rivera Ledesma, ambos implicados en una presunta estafa inmobiliaria que afectó a cientos de personas con un monto superior a RD$700 millones.
La decisión judicial ha causado indignación entre las víctimas, quienes han expresado su frustración y decepción por la falta de justicia.
La Corte de Apelación determinó variar la medida de coerción que pesaba en contra de Eduardo Rivera Pichardo, de prisión preventiva a libertad bajo fianza de cinco millones de pesos (RD$5.,000.00), presentación periódica y prohibición de salida del país. Mientras tanto, su padre, Enmanuel Rivera Ledesma, permanecerá cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario Najayo Hombres.
Las víctimas de la estafa inmobiliaria denunciaron que Eduardo Rivera Pichardo jugó un rol fundamental en el manejo de cuentas involucradas en el presunto fraude, y afirman que el Ministerio Público cuenta con evidencia sólida que vincula a Rivera Pichardo con las actividades fraudulentas.
Una de las afectadas, Glenys Casado, acompañada de sus abogados, Kevin Estrella y Amalfi Martínez, dijo: Exigimos justicia, Eduardo Rivera Pichardo era quien manejaba las cuentas de la estafa y el Ministerio Público tiene todas las pruebas", "llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias hasta que se haga justicia", agregaron los abogados.
Además de los Rivera, otros miembros de la familia y colaboradores están bajo investigación. Entre los acusados se encuentran Mirna Catalina Rivera Ledesma, hermana de Enmanuel; el financiero Juan Omar Rosario López, vinculado a la empresa INDISARQ, SRL; y Reilin Arismendy Rosario García, quien actualmente cumple arresto domiciliario. También figuran María Gabriela Rivera Pichardo, hija de Enmanuel, y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, su esposa, quienes tienen medidas de coerción que incluyen garantía económica, localizador electrónico y prohibición de salida del país.
El Ministerio Público acusa al grupo de estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos, señalando que engañaron a múltiples personas que invirtieron millones en proyectos inmobiliarios inexistentes.
Las víctimas, que continúan exigiendo justicia y compensación, aseguran que los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley para reparar el daño causado y disuadir futuros fraudes en el sector inmobiliario.
