Foto: fuente externa
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) rechaza de manera categórica la propuesta del senador Julito Fulcar de “delimitar” los linderos del Monumento Natural Dunas de las Calderas para “dejar” familias asentadas dentro del área protegida.
Esta iniciativa, según la Comisión Ambiental, es técnica y jurídicamente improcedente y ambientalmente lesiva: abriría la puerta a la reducción de un área protegida y a la legalización retroactiva de ocupaciones ilegales, un precedente devastador para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
La Comisión Ambiental hace un llamado a la ciudadanía, a través de una nota de prensa convocando a la sociedad dominicana: academia, iglesias, gremios, cooperativas, asociaciones comunitarias, sector privado responsable, medios, juventudes y diáspora, a una alerta cívica permanente para defender las Dunas de Baní.
“Exigimos a las autoridades el respeto a la irreductibilidad del SINAP; llamamos a integrar brigadas de vigilancia comunitaria y redes de denuncia; a respaldar el Comanejo y la economía local basada en conservación y a rechazar y perseguir la compra y venta de arena y agregados sin trazabilidad legal”, sostienen.
Las Dunas de las Calderas no se negocian. Son patrimonio natural, científico, cultural y de seguridad climática para la República Dominicana. Alterarlas o reducirlas sería una renuncia de Estado.
La Comisión Ambiental de la UASD ratifica su disposición a aportar rigurosidad técnica, monitoreo ciudadano y acción legal donde corresponda.
Defender las Dunas de las Calderas es un compromiso institucional de la UASD y deber ante el país.
Razones y base argumental del rechazo
• Marco legal robusto: la Ley 64‑00 y la Ley 202‑04 establecen límites, categoría de manejo (Monumento Natural) y reglas de uso. No faltan normas: falta cumplimiento.
• Principio constitucional de irreductibilidad: las áreas del SINAP no pueden ser reducidas ni mutiladas. “Redelimitar” para excluir ocupaciones premia la ilegalidad.
• Falso remedio del “cambio de límites o de categoría” ya que no resuelve la ausencia de gestión, vigilancia y sanción.
• Interés público superior: las dunas son barrera natural frente a tormentas y erosión, área para el estudio científico de procesos y especies peculiares, hábitat crítico y zona clave de recarga hídrica; la arena terrígena es finita a escala humana.
Debilidades de la propuesta del senador
• Ilegalidad de origen: intervenir linderos ya definidos contradice la irreductibilidad y vulnera el principio de no regresión ambiental.
• Premio a la infracción: envía la señal de que la invasión y la extracción ilícita pueden ser recompensadas con legalización.
• Evasión de la causa‑raíz: el problema real es la ausencia de control, el incumplimiento del Plan de Manejo, el clientelismo político y empresarial y la falta de régimen de consecuencias.
• Riesgo de fragmentación: “ajustar” bordes abre pérdidas sucesivas con impactos geomorfológicos, ecológicos y sociales acumulativos.
• Inseguridad jurídica: modificar por presión coyuntural debilita el Estado de derecho y el SINAP completo.
Denuncia de la situación actual
• Extracción ilícita de arena (“mafia de la arena”), con daño geomorfológico irreversible y cadena de transporte‑venta‑uso en construcción protegida por complicidad o inacción de las autoridades.
• Expansión urbana desde Salinas: construcciones ilegales dentro del área y presión política para “regularizarlas”.
• Frontera agrícola‑ganadera: tala, quema y alambradas que privatizan de facto un bien público y pretenden generar “derechos” inexistentes.
• Turismo no regulado: vehículos 4×4, deslizamientos por crestas, depósitos y acumulación de basura; ausencia de gestión de visitantes.
• Contradicciones y omisiones oficiales: anuncio de soluciones irreales, minimización del problema, falta de presencia y sanciones ejemplares.
Exigencias y propuestas concretas
• Retiro y archivo de cualquier iniciativa que altere linderos o cambie la categoría del área; respeto estricto al principio de irreductibilidad.
• Ejecución inmediata y vinculante del Plan de Manejo (zonificación, cupos, protocolos de visita, restauración).
• Vigilancia interinstitucional permanente (Medio Ambiente, SENPA, Armada, comunidades organizadas), patrullaje 24/7 por tierra y mar, torres de observación y garitas; guardaparques suficientes con equipos y logística.
• Régimen de consecuencias real (“tolerancia cero”): persecución penal y administrativa a toda la cadena (extractores, transportistas, puntos de venta y constructoras, beneficiarios del cobro de “peaje” en las instituciones) con trazabilidad obligatoria de agregados.
• Relocalización ordenada de ocupaciones dentro del Monumento conforme a derecho; en casos que apliquen, justiprecio y adquisición pública, con enfoque social y ambiental. Evitar premiar a violadores y sus padrinos con reconocimiento de “derechos” adquiridos irreales.
• Contención física de la expansión desde Salinas: demarcación perimetral que impida nuevas invasiones hacia las zonas de amortiguamiento y el núcleo del área protegida.
• Infraestructura de bajo impacto y control de visitantes: senderos elevados, torres de observación, centro de visitantes, guías certificados, prohibición estricta de 4×4 y deslizamientos por crestas.
• Comanejo con la comunidad: consejo con representación genuina y beneficio local directo a cambio de corresponsabilidad en vigilancia y mantenimiento.
• Auditoría integral de permisos, obras y actuaciones pasadas y presentes; publicación trimestral de vigilancia, sanciones y avances del plan.
• Programa de restauración ecológica: estabilización de laderas, revegetación con nativas y cierre‑recuperación de huellas de extracción y pistas ilegales.
