En la foto aparecen de izquierda a derecha, magistrada Celeste Reyes; magistrado francisco Rodríguez, coordinador ejecutivo; Dr. Trajano Potentini, presidente del CARD; magistrado Andrés Comas, coordinador general, y magistrada Sonia Vargas.
Santo Domingo, R.D. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), bajo la dirección del Dr. Trajano Potentini y la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM), presidida por el magistrado Andrés Comas, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el propósito de fortalecer la capacitación y el desarrollo académico de fiscales y abogados en la República Dominicana.
El evento tuvo lugar en un acto solemne que reunió al pleno de FISCALDOM en asamblea general, donde los representantes de ambas instituciones coincidieron en la trascendencia de esta alianza para la modernización y profesionalización del ejercicio jurídico en el país.
El convenio tiene como objetivo principal impulsar la educación continua y la actualización de conocimientos jurídicos mediante la realización de programas académicos, diplomados, seminarios y talleres especializados. Estas actividades estarán dirigidas a fiscales, abogados y profesionales del derecho interesados en áreas clave como el derecho penal, derecho procesal, constitucional, litigación estratégica, técnicas de investigación criminal y derechos humanos.
Además, el acuerdo contempla la creación de mesas de trabajo interinstitucionales para el análisis y la discusión de temas jurídicos de relevancia nacional, promoviendo el intercambio de experiencias, investigaciones y publicaciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema de justicia.
El magistrado Andrés Comas, presidente de FISCALDOM, destacó la importancia de la formación continua en la carrera del fiscal, subrayando que este acuerdo representa un hito en la profesionalización del Ministerio Público. “El rol del fiscal exige una preparación constante para afrontar los retos de la justicia penal. Con este convenio, garantizamos que nuestros fiscales tengan acceso a una formación de calidad, con herramientas actualizadas que les permitan desempeñar su labor con eficiencia, ética y compromiso con el Estado de derecho”, expresó Comas.
Por su parte, el Dr. Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados, resaltó el impacto positivo que esta colaboración tendrá en el ejercicio de la abogacía y la administración de justicia. “Los abogados y fiscales comparten una misión común: la defensa de los principios democráticos y la búsqueda de la verdad. Este acuerdo no solo amplía las oportunidades de capacitación, sino que también promueve un espacio de diálogo y cooperación entre dos actores fundamentales del sistema de justicia”, afirmó Potentini.
Entre los beneficios que brindará este acuerdo a los miembros de ambas instituciones, se incluyen: Acceso a programas de capacitación académica en alianza con universidades y centros de estudios jurídicos nacionales e internacionales. Organización de foros y conferencias con expertos nacionales e internacionales en materia de derecho penal, procesal y constitucional. Desarrollo de proyectos de investigación y publicación de estudios jurídicos en revistas especializadas. Creación de un banco de materiales y publicaciones jurídicas de acceso para fiscales y abogados en ejercicio. Facilitación de becas y programas de formación avanzada para miembros de ambas instituciones.
Potentini anunció que para los días 10, 11 y 12 del mes de abril se estará aperturando en el país una especialidad en cibercriminalidad, en modalidad híbrida con una duración de tres meses, con un cuerpo de 40 expositores, compuesto por jueces peruanos, colombianos y mexicanos, bajo la coordinación de los magistrados William Quiroz y Hermens Darío Lara Acuña, con un costo de participación de 500 dólares por persona, para la ocasión le estaremos otorgándole a los fiscales 100 becas de forma gratuita. Asimismo, también estaremos apoyando al ministerio público en la estancia académica internacional que llevaremos a cabo en el mes de mayo en Colombia sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho.
