Actualmente la ley 50-88 ordena prisión por posesión o consumo de drogas
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Santo Domingo, D.N. Un proyecto de modificación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, que actualmente estudia el Senado, plantea eliminar la pena de prisión para las personas sorprendidas con consumo o posesión de drogas, sustituyendo esa sanción penal por la remisión obligatoria a programas de evaluación, orientación y tratamiento.
La iniciativa modifica el artículo 75 de la ley vigente sobre drogas. Actualmente, esa disposición establece que cuando se trate de “simple posesión”, la persona procesada puede ser sancionada con entre seis meses a dos años de prisión y una multa de 1,500 a 2,500 pesos.
Sin embargo, la propuesta que analizan los senadores elimina ese castigo y dispone que, en esos casos, la autoridad competente deberá remitir obligatoriamente a la persona a programas de evaluación, orientación, tratamiento, rehabilitación o medidas de reducción de riesgos y daños, conforme a los protocolos técnicos que establezca el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
De aprobarse la modificación, propuesta por el senador Edward Espiritusanto (La Romana-Fuerza del Pueblo), el cambio implicaría que quienes sean detenidos por posesión de drogas o por su consumo ya no enfrentarían penas de cárcel, sino que serían enviados a programas de atención y rehabilitación.
La propuesta mantiene sin cambios las sanciones establecidas para las demás categorías vinculadas al narcotráfico.
El párrafo uno del artículo 75 continúa estableciendo que los distribuidores, vendedores o intermediarios serán sancionados con penas de tres a diez años de prisión, además de multas de entre 10,000 y 50,000 pesos.
Asimismo, el párrafo dos conserva las sanciones para los traficantes, quienes enfrentan penas de cinco a veinte años de prisión y una multa no menor al valor de las drogas decomisadas o involucradas en la operación, pero nunca inferior a 50,000 pesos.
En tanto, el párrafo tres mantiene la pena más severa para los patrocinadores del narcotráfico —personas que financian este tipo de operaciones—, que seguirían siendo castigados con 30 años de prisión y multas no menores al valor de las drogas incautadas, con un mínimo de 1,000,000 de pesos.
De esta manera, la modificación se limita a cambiar el tratamiento legal por la posesión o consumo de drogas, mientras que las sanciones para las actividades relacionadas con la distribución, el tráfico y el financiamiento del narcotráfico permanecen intactas.
Para sustentar su proyecto, el senador Espiritusanto consideró en la iniciativa que la implementación de políticas públicas ligada a las drogas “debe orientarse hacia enfoques integrales y concentrados en la prevención”.
“La adicción debe ser tratada como un problema de carácter sanitario y de salud mental, en lugar de mantenerse exclusivamente la persecución penal de las personas consumidoras”, sostiene uno de los argumentos del proyecto.
