El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello (c), activó el 10 de octubre de 2025 el plan 'Independencia 200′ en los estados costeros Aragua, Falcón y Zulia, que se suman a La Guaira y Carabobo, para “garantizar la defensa integral” ante el despliegue militar de EE.UU.
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La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Diosdado Cabello Rondón, uno de los hombres más poderosos del régimen chavista en Venezuela, incorpora un elemento clave que conecta el tráfico internacional de cocaína con el control territorial en zonas fronterizas: el uso de pistas clandestinas y propiedades estratégicas en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia.
Entre 2022 y 2024, según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Cabello -actual ministro de Interior, Justicia y Paz- habría viajado de manera regular a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, en la frontera de los dos países, con el objeto de asegurar el paso seguro de cargamentos de cocaína a través de Venezuela.
Estas imputaciones coinciden en tiempo y espacio con las denuncias públicas del ganadero venezolano Reyes Gabriel Hernández, exiliado en Estados Unidos, quien acusa al actual ministro del interior venezolano de haber orquestado el despojo de su hacienda en Apure, al suroeste de Venezuela, para convertirla en un centro logístico del denominado Cartel de los Soles.
Diosdado Cabello -acusado con el expresidente Nicolás Maduro, la esposa e hijo del exmandatario- es militar retirado, se desempeñó como exvicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, "ampliamente reconocido como uno de los funcionarios más poderosos" del régimen. Tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, sobre Cabello continúa pesando una orden de captura y una recompensa de USD 25 millones que Estados Unidos ofrece por su captura.
Cabello es señalado en la imputación como parte de una estructura criminal que, durante más de dos décadas, habría utilizado instituciones del Estado venezolano para facilitar el tráfico de miles toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con organizaciones colombianas como las FARC y el ELN, así como con carteles mexicanos y la banda venezolana el Tren de Aragua.
El documento judicial detalla que Cabello recibió sobornos y participó en operaciones clave desde al menos 2006, cuando -junto con otros altos funcionarios- habría coordinado el envío de más de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 desde el propio hangar presidencial aeropuerto venezolano de Maiquetía hacia México.
Tras la incautación del cargamento en territorio mexicano, la acusación sostiene que Cabello recibió aproximadamente USD 2,5 millones para evitar detenciones entre los involucrados. La imputación fiscal afirma que hasta 2024 Cabello seguía supervisando directamente rutas aéreas clandestinas desde zonas bajo control del ELN y recibiendo ganancias provenientes del tráfico de cocaína.
El fiscal federal a cargo del caso contra Nicolás Maduro y su círculo, Jay Clayton, señala que la fiscalía cuenta con respaldos de cómo hasta 2025 narcotraficantes colombianos seguían discutiendo con un asociado de Cabello planes para continuar el tráfico de cocaína a través de Venezuela.
Pero el ministro mantiene actualmente el control operativo de cuerpos armados oficiales y de los “colectivos” civiles armados, que según la imputación le sirven al régimen para perpetrar “palizas, secuestros y asesinatos” contra quienes interfieran en las actividades de la presunta red criminal.
Las imputaciones oficiales encuentran un correlato en el testimonio de Reyes Gabriel Hernández, expropietario de la hacienda El Chaparralito, ubicada en el estado Apure, una región de los llanos venezolanos con extensa frontera natural con áreas cocaleras del oriente colombiano.
En una entrevista concedida al periodista venezolano Casto Ocando, Hernández relató que en 2017 lo contactaron emisarios de Diosdado Cabello, quienes le propusieron inicialmente participar en “negocios” vinculados al narcotráfico.
Reyes Hernández describe una reunión que mantuvo con Cabello en Maturín, entre marzo y abril de 2017, dentro de una camioneta de Vive TV, canal de televisión pública en Venezuela, estacionada afuera de donde se grababa el programa del entonces diputado y dirigente del chavismo: Con el Mazo Dando.
Cabello le habría propuesto "colaborar con el equipo de gobierno", le dijo que su hato ganadero (la finca) serviría de “logística para la revolución” y que él se lucraría de ello, en operaciones que Hernández vinculó al tráfico internacional de drogas.
Ante la negativa de Reyes, quien argumentó que era una propiedad familiar donde incluso su padre estaba enterrado, la conversación cambió a los pocos minutos hacia una oferta de compra forzada, que el testigo dice también terminó rechazando.
La propiedad, de más de 3.000 hectáreas (8.200 acres), contaba en ese entonces con una pista de aterrizaje autorizada, acceso fluvial al río Arauca, más de 10.000 cabezas de ganado y una planta láctea con capacidad para 15.000 litros diarios. Según Hernández, su valor estratégico para las rutas del narcotráfico fue determinante para que el Estado avanzara en su ocupación.
Posteriormente, le llevaron a la finca una propuesta de USD 13 millones en efectivo para que entregara la propiedad y para que se fuera solo con su ropa. Hernández afirma que, tras negarse a vender, su hacienda terminó allanada por militares y él resultó detenido a mediados de 2017 en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), sin una orden judicial.
El testigo refiere que desde el estado de Apure lo trasladaron a la sede del DGCIM en La Boleíta (Sucre, Miranda, en el área metropolitana de Caracas) donde permaneció siete meses y medio sin ser presentado a un tribunal. Luego le presentaron cargos de traición a la patria y asociación para delinquir.
El hacendado permaneció encarcelado durante casi seis años. Y denuncia que durante ese tiempo fue sometido a tortura, bajo custodia de organismos de seguridad del Estado, y que su hacienda fue ocupada por militares y grupos armados irregulares, entre ellos el ELN. "Nos desnudaban completamente (en prisión), nos echaban agua, nos ponían electricidad en los testículos, en el ano, asfixia con agua… nos echaban insecticida".
Según su testimonio, el régimen venezolano convirtió el hato ganadero en “un portaaviones del Cartel de los Soles" y una flotilla de avionetas, que tendría capacidad para sacar 40 toneladas de droga por semana. La finca opera actualmente como un centro de acopio y despacho de droga, con vuelos a Centroamérica, en una operación conjunta entre actores armados colombianos y militares venezolanos.
Hernández logró huir de Venezuela tras obtener una boleta de libertad por falta de pruebas, una decisión judicial que -según su versión- derivó en represalias contra el juez, quien la habría firmado "por error" al desconocer los motivos políticos de la detención. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde colabora como testigo en investigaciones federales contra la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. (fuente: https://www.primicias.ec/internacional/acusacion-diosdado-cabello)
