Por Carlos Rodríguez
La reciente declaración de la directora general de Supérate, Gloria Reyes, respecto a la entrega del Bono Navideño 2024 ha generado un amplio debate sobre la forma y el fondo de este proceso. Si bien es innegable la necesidad de ayudar a los más vulnerables en nuestra sociedad, la implementación de este programa parece estar llena de inconsistencias y falta de transparencia.
Primero, es preocupante que la funcionaria haya señalado que la inclusión de una persona en la plataforma de consulta no garantiza que sea beneficiaria del bono. Esto plantea serias interrogantes sobre los criterios de selección y clasificación de los beneficiarios. ¿Cómo es posible que personas que no cumplen con los requisitos aparezcan en dicha plataforma? Esto sugiere una falta de control en los procesos de verificación y, por ende, un uso indebido de los recursos del Estado.
Además, la categorización de los beneficiarios en grupos específicos, como jubilados, desempleados y hogares de bajos ingresos, es un buen inicio, pero la ejecución parece estar lejos de ser efectiva. La afirmación de que solo aquellos que no superen un salario de 30 mil pesos mensuales calificarán para el bono, aunque suene razonable, debe ser acompañada de un análisis más profundo sobre el costo de vida y las necesidades reales de la población. La metodología utilizada para determinar quiénes son realmente los "más necesitados" necesita ser revisada.
La entrega de una tarjeta con un monto de 1,500 pesos puede parecer una ayuda significativa en el papel, pero en la realidad, ¿es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia durante la temporada navideña? La cifra es, en muchos casos, una burla a la situación crítica que enfrentan muchas familias dominicanas. Además, la necesidad de realizar un operativo para retirar este bono complica aún más el acceso a los mismos, especialmente para aquellos que ya enfrentan dificultades económicas.
Es esencial que los recursos del Estado se administren de manera responsable y efectiva, y no como si se tratara de una piñata de recursos. El uso indiscriminado de datos y la falta de criterios claros para la selección de beneficiarios pueden llevar a que quienes realmente necesitan este apoyo queden desatendidos, mientras que otros, que no cumplen con los criterios, se benefician.
Es imperativo que la administración pública trabaje en la creación de un sistema más justo y transparente que garantice que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. La buena intención de ayudar no puede justificar la falta de rigor en la implementación de programas sociales. Debemos exigir un manejo adecuado de los recursos del Estado, evitando convertir esta ayuda en confeti que se dispersa sin un propósito claro.
