Foto: fuente externa
Por Carlos Rodríguez
La reciente denuncia de la Asociación de Pequeños Productores Avícolas Moca-Licey (Approamoli) saca a la luz una crisis profunda en el sector avícola dominicano, que no solo es económica, sino también devastadora para miles de familias que dependen de su trabajo. La situación que describe Ambiorix Cabrera, presidente de Approamoli, nos enfrenta a una realidad alarmante: las políticas del gobierno actual han puesto en jaque a los pequeños y medianos productores, favoreciendo a un puñado de grandes empresas.
Las masivas importaciones de productos de baja calidad, presentadas como una solución para reducir precios, han desmantelado el mercado local y socavado la labor de quienes se esfuerzan por ofrecer alimentos frescos y de calidad. La promesa de subsidios de tres mil millones de pesos se ha convertido en un espejismo, dejando a los pequeños avicultores a merced de una crisis que se agudiza cada día.
El cierre de la frontera haitiana, lejos de proteger a los productores locales, ha servido para beneficiar a unos pocos a costa de la ruina de los más vulnerables. ¿Dónde está la justicia social en este escenario? La autorización para importar grandes cantidades de “gallinas abuelas” ha creado una sobreoferta que ha hundido los precios en granja, empujando a muchos a la bancarrota.
Es fundamental recordar que, en épocas pasadas, bajo gobiernos anteriores, se implementaron políticas que promovieron un crecimiento más justo y equitativo. Hoy, el retroceso es evidente y urgente: no solo se están arrasando los cimientos de la producción avícola, sino que también se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país.
Es momento de que el gobierno escuche el clamor de los pequeños productores y actúe con humanidad. La agricultura no es solo un sector económico; es la esencia de nuestras comunidades. Debemos unirnos en la defensa de quienes, con su esfuerzo diario, alimentan a nuestra nación. Es tiempo de cambiar el rumbo y construir un futuro más justo para todos.
